Razones para la vida
Por: Susi Pola
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A raíz de esa visita, el martes 11 de octubre de ese año, compartimos las cifras dadas por Aido entonces:
Los 20 millones de abortos inseguros realizados anualmente en el mundo, en países en desarrollo como el nuestro y representan enormes peligros para la vida de las mujeres, habiendo cerca de 47,000 muertes relacionadas a estos abortos inseguros y 5 millones de mujeres que sufren de alguna discapacidad y/o problemas de salud como consecuencia de complicaciones vinculadas a ellos. (WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems – 2nd ed. Malta: World Health Organization, 2012, pp. 17).
La falta de educación sexual y servicios de planificación familiar ocasiona que 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 1 millón de niñas menores de 15 años den a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Añadiendo las complicaciones durante el embarazo y el parto que son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.
En América Latina y El Caribe, anualmente hay 3,700,000 abortos en condiciones de alto riesgo y la OMS estima que, en promedio, el 12 % de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros (WHO. Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2008, sixth ed., Geneva: WHO, 2011)
En el caso de República Dominicana, por cada 100 mil nacimientos vivos, para 2016, morían 106 mujeres, muy por encima del promedio regional de 77 mujeres. Y decíamos que, ello en parte se debe al alto número de abortos clandestinos, estimados en 90,000 cada año y más del 13% de muertes maternas son causadas por abortos clandestinos practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad, las que recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.
Los números no han bajado, al contrario, se mantuvieron en aumento a nivel regional, siendo la de Latinoamérica y El Caribe, una de las regiones con tasas muy altas de mortalidad materna.
El pasado 26 de enero, la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, en rueda de prensa para esos fines, denunciaba que, la mortalidad materna y neonatal, aumentó en R. Dominicana, en más de 30 por ciento desde 2021, coincidiendo con la pandemia por COVID-19, lo que nos aleja como país de la meta de reducirla a menos de 70 casos por cada 100,000 nacidos/as vivos/as que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030.
Lo que se pueda hacer por bajar estas cifras nefastas en el país, debe ser un propósito de Estado y en ese sentido, el Congreso dominicano debe entender la necesidad de despenalizar el aborto por causales y una vez hecho eso, sacar ese tema del Código Penal y llevar los protocolos necesarios al sistema de salud nacional.
Las jerarquías de las iglesias dominicanas no tienen nada que decir ni mucho menos, presionar a quienes legislan, aunque se unan en su misoginia, irónicamente ignorando que, las mujeres, tenemos derecho cristiano a decidir de acuerdo a nuestra conciencia.
¡La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene!